MARIANO FERREYRA: SE REALIZO LA AUDIENCIA CON EL TRIBUNAL DE CASACION

 

Se llevó a cabo la audiencia con el tribunal de casación que revisará las condenas contra José Pedraza y demás autores del crimen de Mariano Ferreyra. La cita tuvo lugar en la sala principal de tribunales de Comodoro Py. Por el Partido Obrero estuvieron presentes el diputado nacional Pablo López, los legisladores Marcelo Ramal y Guillermo Kane y los dirigentes Gabriel Solano, Vanina Biasi y Eduardo Belliboni.

Nuestra querella, representada por los abogados Claudia Ferrero (Apel) e Ismael Jalil (Correpi), tuvo una destacada intervención técnica y política.

En primer lugar, nuestros abogados insistieron en la calificación de los delitos cometidos por Pedraza y su patota. Refutaron la figura de “dolo eventual” a la que recurrieron los jueces del TOC 21 para morigerar las penas por el homicidio de Mariano Ferreyra y las graves heridas de Elsa Rodríguez y demás compañeros. La calificación agravada por el concurso premeditado de varias personas implica una condena a prisión perpetua, de acuerdo a lo que establece el Código Penal vigente.  

Nuestros abogados refutaron la afirmación de los jueces de primera instancia respecto de que a Pedraza “no le convenía un muerto” porque iría preso. Pusieron de manifiesto una vez más, como lo hicieron a lo largo del juicio oral, que existió un plan criminal concertado entre la burocracia sindical de José Pedraza, los empresarios de la ex Ugofe y funcionarios políticos y policiales. Demostraron que las maniobras de Pedraza en la causa judicial comenzaron tras la detención de Cristian Favale, que se produjo en medio de una gran conmoción política y social. Pedraza confiaba en la impunidad que le brindaría la complicidad del poder político y empresario, como se verificó en los respaldos que recibió de funcionarios de primer nivel, como el del el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y de su vice, Noemí Rial, entre otros.

Nuestra querella también reclamó por las absoluciones de los patoteros Juan Pérez y Armando Uño y del policía Rolando Garay. Respecto de los dos primeros, el TOC 21 desestimó el testimonio espontáneo de José Sotelo -un testigo imparcial que involucró a ambos en la desaparición de las armas- y el de los periodistas de C5N en el tramo que señalaron a Pérez como parte de la patota que los amenazó para que no registraran la agresión con sus cámaras. En cuanto al subcomisario Garay, señalaron la arbitrariedad del fallo de los jueces al excluirlo de la ! maniobra policial que garantizó la impunidad de la patota. “Los policías no actuaron del modo que actuaron por una decisión individual”, explicaron, “sino bajo órdenes políticas recibidas por toda la cadena de mandos. Los responsables del operativo habilitaron, consintieron y cubrieron la agresión contra los tercerizados. El responsable político de la Policía Federal era Aníbal Fernández”. Nuestros compañeros cerraron su intervención subrayando la continuidad entre el crimen de Mariano Ferreyra y la masacre de Once, con idénticos actores políticos y empresarios.

Tanto la fiscalía como el Cels coincidieron en el reclamo de prisión perpetua para los autores materiales del crimen de Mariano. Sin embargo, la fiscalía insistió en acusar a los policías por “abandono de persona” y no por su activa complicidad con los agresores. El Cels, por su parte, obvió la responsabilidad de los funcionarios políticos (Tomada, Aníbal Ferández). En contraste, nuestros abogados pusieron de manifiesto el operativo jurídico dirigido a recortar los alcances políticos del crimen de Mariano Ferreyra, que involucran a la tercerización laboral a la q! ue son sometidos grandes contingentes de trabajadores y el encubrimiento del vaciamiento ferroviario operado por el kirchnerismo.

Durante toda la jornada, una nutrida guardia de militantes de la juventud del Partido Obrero acompañó la audiencia desde la entrada de Comodoro Py.